Desde los territorios donde ocurren los operativos: el Congreso dejó vencer las explicaciones y los barrios siguen con sus preguntas

El Congreso Nacional dejó vencer los plazos de las dos iniciativas legislativas que buscaban que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, explicaran ante los legisladores las muertes de ciudadanos en los operativos que la institución reporta como intercambios de disparos. Ninguna de las dos cámaras llegó a conocerlas, según la reseña legislativa publicada este lunes por Diario Libre.

El conteo que acompaña el debate llega, hasta la fecha, a al menos 116 ciudadanos muertos entre septiembre y noviembre de este 2026 en hechos que la Policía denomina intercambios de disparos, sin que ninguna autoridad judicial haya esclarecido los fallecimientos. El balance previo de septiembre y octubre era de 107 muertes: 55 en septiembre, reportadas oficialmente bajo la clasificación de «acción legal», y 52 en octubre, documentadas mediante un levantamiento periodístico.

En el Senado, la resolución del senador Antonio Taveras Guzmán, depositada el 14 de octubre, no ha sido tocada por la comisión de Interior y Policía, donde reposa sin avance. La iniciativa buscaba conocer los criterios jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, los procedimientos que se aplican cuando una intervención termina con una muerte y los mecanismos independientes de investigación y verificación de las versiones de los agentes involucrados.

En la Cámara de Diputados, la iniciativa de 34 diputados de la oposición solo fue tocada en dos reuniones de la comisión de Interior y Policía y la cámara la registró como una iniciativa vencida, por no aprobarse en el tiempo reglamentario. Además de las muertes en operativos, esos diputados cuestionaban intervenciones en establecimientos comerciales por alegatos de horario, actuaciones policiales en materia de contaminación sónica y denuncias de disparos contra viviendas, vehículos, negocios y civiles desarmados.

El Ministerio Público investiga algunos de estos hechos: la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, confirmó que se investigan al menos ocho casos de personas fallecidas en presuntos intercambios en esa provincia, y el 21 de octubre siete abogados presentaron una querella contra el director de la Policía y oficiales de la Dicrim. Rodríguez García respondió el 28 de octubre que «no hay condena sin pruebas» y defendió el proceso de transformación policial; la ministra Raful, el 2 de noviembre, rechazó los abusos policiales y recordó que más de 8,000 agentes cuentan con cámaras corporales y que el sistema 911 dispone de más de 10,000 cámaras. Esas versiones institucionales no sustituyen la determinación judicial de cada caso, que es justo lo que las iniciativas vencidas buscaban impulsar.

Para los gobiernos locales y las juntas de vecinos, este desenlace legislativo se traduce en trabajo en el territorio: son las comunidades las que conviven a diario con los patrullajes, las que piden más seguridad contra la delincuencia y, a la vez, procedimientos claros cuando una intervención termina en tragedia. Sin la comparecencia en el Congreso, el seguimiento queda en manos del Ministerio Público y de la veeduría comunitaria de cada municipio.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la presentación de herramientas de supervisión policial el 2 de noviembre. (Foto: Acento)

Fuentes: Diario Libre (9 de noviembre de 2026) y Acento (análisis de las cifras de septiembre y octubre de 2026).