Los municipios viven la seguridad en primera línea; en Santiago, el expresidente vinculó la prevención del crimen con el trabajo comunitario de programas como Barrio Seguro.
Santiago y los municipios productores escucharon el planteamiento: proteger el arroz local con acuerdos viables, no con un decreto vulnerable ante un tratado.
El marbete se cobra en la DGII, pero se discute en cada municipio: choferes, comerciantes y trabajadores que usan el vehículo para ganarse la vida son, según la Fuerza del Pueblo, los más afectados por el aumento.
El arroz se juega también en los municipios: más de 20 provincias dependen de su producción y procesamiento. La FP anunció una comisión para un plan de competitividad que promete consultar a los productores. El reto municipal: que esa consulta llegue a cada zona arrocera.
Desde lo municipal, cada ruptura tiene un territorio: Santo Domingo perdió a su senador del PRM, Pedernales vio a su diputado pasar de la Fuerza del Pueblo al PRM y La Vega vio a su diputado dejar el reformismo. Tres provincias, tres casos.